El presidente Santiago Peña promulgó la ley 7452, que actualiza y moderniza el régimen de promoción de la inversión en infraestructura.
“Apostamos por el desarrollo del Paraguay a través del incentivo a las iniciativas privadas, del establecimiento de criterios claros, transparentes y eficientes para la evaluación de ofertas, la asignación de riesgos y el uso de los recursos” expresó el mandatario.
La ley busca promover inversiones en infraestructura pública mediante mecanismos de participación público-privada, regular un marco institucional para la implementación eficiente de proyectos a lo largo de su ciclo de vida, revisar y aprobar proyectos considerando su naturaleza a largo plazo y los riesgos fiscales asociados.
Principios Fundamentales
Los principios que guiarán la aplicación de esta ley incluyen:
Supervisión estatal: El Estado tendrá competencias para planificar, controlar y supervisar la ejecución de contratos.
Transparencia: La información sobre los contratos será pública, garantizando rendición de cuentas.
Rentabilidad social: Los proyectos deben responder al interés público y contribuir al bien común.
Eficiencia económica: Se buscará que los contratos generen eficiencia en la gestión de infraestructuras y servicios.
Competencia e igualdad: La selección de participantes privados se realizará mediante procedimientos transparentes y competitivos.
Estructura Legal
La ley establece la figura jurídica de los contratos de participación público-privada, regulando aspectos como: distribución de riesgos y beneficios entre el Estado y el participante privado, duración máxima de los contratos, que no podrá exceder 40 años, sustentabilidad ambiental, exigiendo que los proyectos cumplan con estándares ambientales y consideren riesgos relacionados con el cambio climático.
La Ley N° 7452 representa un avance significativo en la modernización del marco legal para las inversiones en infraestructura pública en Paraguay. Al fomentar la colaboración entre el sector público y privado, se espera mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y optimizar el uso de recursos estatales.